Tierra del Fuego pidió derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido
El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, formalizó el planteo en medio de la tensión por la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. El pedido llega días después del anuncio de sanciones por parte del presidente Javier Milei.
El gobierno de Tierra del Fuego solicitó la derogación del tratado de inversiones suscripto entre la Argentina y el Reino Unido, según expresó el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary.
El planteo se formalizó este martes 8 de septiembre de 2026 y llega pocos días después de que el presidente Javier Milei anunciara la aplicación de sanciones a las empresas que exploten hidrocarburos en el área del archipiélago malvinense sin autorización del Estado argentino.
Dachary indicó que la medida busca eliminar un instrumento que, a su criterio, limita la capacidad de acción soberana sobre los recursos naturales del Atlántico Sur. Según s provinciales, el tratado bilateral de promoción y protección de inversiones data de los años noventa y fue ratificado en el marco de las relaciones diplomáticas con Londres.
El anuncio presidencial sobre sanciones a la explotación no autorizada de recursos en Malvinas había generado expectativa en Ushuaia, donde se considera que cualquier actividad económica en el archipiélago debe contar con la aprobación argentina y ajustarse a la legislación nacional.
Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que la derogación del acuerdo permitiría avanzar con mayor libertad en la defensa de los derechos de soberanía y en la regulación de las actividades económicas vinculadas al territorio en disputa.
La iniciativa se enmarca en la histórica posición argentina sobre la cuestión Malvinas, que mantiene el reclamo de soberanía como uno de los ejes centrales de la política exterior. El tratado en cuestión ha sido objeto de análisis en distintos gobiernos, aunque hasta ahora no se había avanzado en su derogación formal. El secretario Dachary afirmó que el pedido será elevado a las autoridades nacionales para que evalúen los pasos a seguir en el plano diplomático y legislativo. Por el momento, no se registraron declaraciones oficiales desde la Cancillería argentina ni desde el gobierno británico.
La cuestión mantiene su relevancia en la agenda pública fueguina, donde se considera que la defensa de los derechos sobre el Atlántico Sur forma parte de las políticas de Estado provinciales más allá de los cambios de gestión nacional.