Cámara Federal confirma suspensión de la Ley 6789 para la Justicia Laboral en CABA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión cautelar de la Ley 6789 de la Ciudad de Buenos Aires, que buscaba implementar la Justicia Laboral en el ámbito local. El fallo, conocido este miércoles, mantiene en suspenso la transferencia de competencias del fuero nacional al porteño, un debate que arrastra años de idas y vueltas judiciales y políticas.

La medida había sido dictada en primera instancia por el juez Pablo Cayssials y ahora fue ratificada por la sala que integra el tribunal de alzada. Según los fundamentos, persisten dudas constitucionales sobre la viabilidad de la ley sancionada por la Legislatura porteña en 2022. La norma preveía la creación de tribunales laborales locales para agilizar los reclamos de trabajadores, pero diversos sectores advirtieron posibles afectaciones al principio de uniformidad del derecho laboral.

Desde el Gobierno de la Ciudad, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, había defendido la ley como un avance para acercar la justicia a los porteños y reducir la enorme demora que acumulan las causas en el fuero nacional. Sin embargo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y otros gremios cuestionaron la iniciativa, argumentando que podría generar desigualdades según el domicilio del trabajador.

El fallo de la Cámara mantiene la cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esto implica que, por ahora, las demandas laborales de los trabajadores de CABA seguirán tramitándose en los juzgados nacionales. Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que el expediente podría llegar en las próximas semanas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto tiene raíces en la reforma constitucional de 1994, que habilitó a la Ciudad a tener su propio fuero, pero siempre con el límite de no afectar derechos de fondo. Especialistas en derecho laboral consultados coinciden en que el nudo pasa por si la transferencia de competencias respeta o no la garantía de un juez natural y la uniformidad que impone la legislación nacional.

Mientras tanto, los tribunales laborales nacionales siguen saturados: según datos del Ministerio de Trabajo, el promedio de duración de un juicio laboral en CABA supera los dos años y medio. La pandemia y el teletrabajo complicaron aún más las audiencias presenciales que requiere este tipo de procesos.

Desde organizaciones de trabajadores, el secretario general de la CTA Autónoma porteña, Pablo Spataro, señaló que "más allá de las competencias, lo que no puede frenarse es el derecho a una justicia laboral rápida y efectiva". En el otro extremo, cámaras empresarias celebraron la decisión de la Cámara Federal por considerar que evita una "judicialización descontrolada" en el ámbito local.

El fallo llega en un momento de alta conflictividad laboral, con paritarias tensas y reclamos por recomposición salarial frente a la inflación. Abogados laboralistas consultados advierten que esta indefinición genera mayor incertidumbre tanto para empleados como para empleadores que deben litigar.

La resolución de la Cámara no entra en el mérito de la constitucionalidad de la Ley 6789, pero sí considera que existen "aparentes" riesgos de inconstitucionalidad que justifican mantener la suspensión hasta el debate definitivo. Se espera que las partes presenten sus apelaciones en los próximos días.

Este caso se suma a una serie de tensiones entre la Nación y la Ciudad por el traspaso de competencias, un debate que trasciende el fuero laboral y toca áreas como la seguridad y la salud. Por ahora, los miles de expedientes que se inician cada año en CABA seguirán el camino tradicional en Comodoro Py y Tribunales.