Cámara Federal confirma suspensión de la Ley 6789 que creaba Justicia Laboral en CABA
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que frena la implementación de la Justicia Laboral local dispuesta por la Ley 6789. La decisión mantiene la competencia en el fuero federal hasta resolver el fondo de la cuestión.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión cautelar de la Ley 6789 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitaba la creación de un fuero laboral local. La resolución, dictada este miércoles, mantiene la competencia en materia laboral dentro del ámbito federal hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La medida cautelar había sido concedida en primera instancia por el juez Esteban Furnari ante un planteo de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Los magistrados argumentaron que la ley local invadía competencias reservadas a la Nación en materia de derecho del trabajo.
Según pudo confirmar este medio, la Cámara consideró que existe verosimilitud en el derecho invocado y peligro en la demora. Los camaristas entendieron que permitir la implementación de los nuevos tribunales locales podría generar una superposición de competencias y afectar la unidad del sistema de justicia laboral.
La Ley 6789, sancionada por la Legislatura porteña en 2022, preveía la creación de 42 juzgados laborales en la Ciudad, con el objetivo de descongestionar los tribunales federales, que acumulan más de 80 mil causas pendientes. Sus impulsores destacaban que la transferencia de competencias permitiría una resolución más rápida de los conflictos individuales y colectivos.
Fuentes judiciales indicaron que la suspensión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma, sino que se limita a preservar el estado de situación hasta el fallo definitivo. Se espera que en las próximas semanas se convoque a las partes para avanzar en la causa principal.
El fuero laboral federal en la Capital Federal depende de la Justicia Nacional y ha sido históricamente criticado por su lentitud. Según datos de la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el tiempo promedio para obtener una sentencia de primera instancia supera los dos años en muchos casos.
Desde el Gobierno de la Ciudad manifestaron que analizarán los próximos pasos procesales. “La ley fue aprobada con amplio consenso y busca acercar la justicia a los trabajadores porteños”, indicaron fuentes oficiales. Por su parte, representantes de colegios de abogados laboralistas expresaron preocupación por la continuidad de la saturación del sistema federal.
La causa quedó radicada en la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Hasta el momento no hay fecha prevista para la resolución del planteo de inconstitucionalidad. Mientras tanto, los nuevos juzgados laborales locales no podrán comenzar a funcionar.
Este fallo se suma a otros precedentes donde la justicia federal ha limitado transferencias de competencias a la Ciudad de Buenos Aires en materia penal y contencioso administrativa. La definición final del caso podría tener impacto en la futura organización del Poder Judicial porteño.