Confirman la suspensión de la Ley 6789 que creaba Justicia Laboral en CABA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión cautelar de la Ley 6789 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitaba la creación de un fuero laboral local. La decisión mantiene en stand-by la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña.

La resolución, firmada este miércoles, ratifica la medida dictada en primera instancia que había frenado la implementación de la norma sancionada en 2023. De esta manera, los juicios laborales que involucran a trabajadores de la Ciudad seguirán tramitándose ante los juzgados nacionales.

La ley porteña 6789 buscaba crear 30 juzgados laborales locales, con el argumento de agilizar los procesos y acercar la justicia a los litigantes. Sin embargo, generó fuerte resistencia de distintos sectores, que alertaron sobre posibles demoras mayores, pérdida de especialización y problemas presupuestarios para la Ciudad.

Según los fundamentos de la Cámara, existen "cuestionamientos serios" respecto a la constitucionalidad de la norma y a su compatibilidad con el sistema federal de justicia. Los magistrados consideraron que la implementación inmediata podría generar perjuicios irreparables tanto para los trabajadores como para el propio funcionamiento del Poder Judicial.

La suspensión cautelar se mantendrá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esto implica que, por ahora, no se avanzará con la creación de los nuevos tribunales ni con la transferencia de expedientes.

Desde el Gobierno de la Ciudad manifestaron que acatarán la decisión judicial, aunque reiteraron su convicción sobre la necesidad de contar con una justicia laboral local más ágil. En tanto, desde los gremios y colegios de abogados laboralistas celebraron la resolución, al considerar que preserva un fuero especializado con décadas de trayectoria.

El debate sobre la justicia laboral en CABA no es nuevo. Durante los últimos años se intensificaron las discusiones sobre la conveniencia de descentralizar este tipo de litigios, en un contexto donde los juicios por despidos, accidentes laborales y reclamos salariales se multiplicaron tras la pandemia.

Especialistas consultados coinciden en que la resolución de la Cámara posterga una reforma estructural que, tarde o temprano, deberá ser abordada. Mientras tanto, los miles de expedientes que ingresan anualmente seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo, que arrastra históricas demoras en sus resoluciones.

La confirmación de la suspensión cautelar representa un revés para el proyecto porteño y abre un nuevo capítulo en la larga pulseada entre la Ciudad y la Nación por el control de la administración de justicia en territorio porteño.