Cortes de luz: el Gobierno ordenó al ENRE denunciar penalmente al directorio de Edesur

El Gobierno nacional instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a que presente una denuncia penal contra todos los miembros del directorio de Edesur. La decisión se tomó ante los prolongados y reiterados cortes de luz que afectaron a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires en las últimas semanas.

Según fuentes oficiales, la instrucción fue girada formalmente al organismo regulador para que investigue posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales y del servicio público por parte de la concesionaria. La denuncia penal buscará determinar si hubo negligencia o dolo en la prestación del servicio.

Los cortes masivos se intensificaron durante las olas de calor recientes, con miles de usuarios sin suministro por más de 48 horas en algunos casos. Barrios de la zona sur de la Ciudad y del conurbano bonaerense fueron los más afectados, con reclamos que se multiplicaron en las redes y en las oficinas de atención al público.

El ENRE ya había iniciado actuaciones administrativas contra Edesur por incumplimiento de los estándares de calidad del servicio. En los últimos meses se aplicaron multas por varios cientos de millones de pesos, aunque desde el Gobierno consideran que las sanciones económicas no han sido suficientes para garantizar el servicio.

La denuncia penal se presentaría en los tribunales federales de Comodoro Py y estaría dirigida contra el presidente del directorio y los vocales de la empresa. Fuentes judiciales indicaron que la carátula preliminar podría encuadrarse en el artículo 173 del Código Penal, referido a incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque adaptado al caso de una empresa concesionaria de servicio público.

Edesur, controlada por el Grupo Enel, emitió un comunicado en el que aseguró que “ha realizado las inversiones comprometidas” y atribuyó los cortes a “la demanda récord de energía” y a “fallas climáticas extremas”. La empresa también recordó que mantiene un plan de inversiones aprobado por el ENRE.

Desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía señalaron que el objetivo es “garantizar el servicio público y proteger a los usuarios”. En paralelo, se analiza la posibilidad de avanzar con una revisión del contrato de concesión si se comprueban incumplimientos sistemáticos.

Usuarios afectados ya presentaron amparos colectivos en distintos juzgados. En algunos casos, los magistrados ordenaron reconexiones inmediatas y el pago de indemnizaciones automáticas por cada día sin servicio, tal como establece el marco regulatorio.

La causa penal, una vez radicada, quedará en manos de un fiscal federal. Se espera que en las próximas semanas se cite a declaración a los directivos de Edesur y se requiera documentación sobre el plan de mantenimiento de redes y subestaciones.

Este tipo de denuncias penales contra directorios de empresas de servicios públicos son poco habituales, aunque no inéditas. En 2019, durante otra ola de cortes masivos, el entonces Gobierno también había evaluado medidas similares, pero finalmente optó por sanciones administrativas.

La instrucción del Gobierno llega en medio de un verano con temperaturas extremas y una demanda eléctrica que superó en varias oportunidades los 28.000 MW. Especialistas consultados indicaron que, más allá de las responsabilidades de la distribuidora, el sistema de generación y transporte también muestra limitaciones estructurales que no se resuelven de un día para el otro.

Hasta el momento, el ENRE no confirmó públicamente la fecha exacta de presentación de la denuncia, pero fuentes del organismo indicaron que el trámite administrativo interno está en su etapa final y que la denuncia se concretaría en los próximos días.