Desarticularon banda que embotellaba agua en plantas clandestinas de casas particulares en Canning

En un operativo conjunto, las autoridades desarticularon una banda que operaba plantas clandestinas de embotellamiento de agua en casas particulares de Canning, en el partido de Ezeiza.

Los allanamientos se realizaron en varias viviendas que funcionaban como fábricas improvisadas. Allí se secuestraron 600 bidones plásticos de 20 litros, maquinaria completa para el envasado y se clausuró todo el equipamiento. Los responsables no contaban con ninguna documentación sanitaria ni habilitación municipal.

Según informaron fuentes policiales, la banda producía agua que luego vendía en comercios del conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires. El producto carecía de los controles obligatorios de potabilidad, lo que representa un riesgo directo para la salud de los consumidores que creían estar comprando agua segura.

Uno de los puntos más graves del caso es el manejo de residuos. Los allanados arrojaban químicos y desechos de la producción directamente a la vía pública, contaminando el barrio y generando denuncias de vecinos que alertaron sobre olores fuertes y líquidos tóxicos en las calles.

En los operativos se incautaron también etiquetas falsas, envases listos para distribuir y elementos que permiten deducir que la producción era a gran escala. La banda utilizaba viviendas comunes para pasar desapercibida, un método cada vez más frecuente en este tipo de delitos económicos.

¿Qué significa esto para el vecino común?

Muchas familias compran bidones de agua porque desconfían del servicio de red, especialmente en zonas del Gran Buenos Aires donde el agua corriente presenta problemas. Este tipo de maniobras clandestinas agrava esa desconfianza y pone en riesgo la salud de quienes buscan justamente una solución más segura.

Desde el punto de vista económico, el negocio era redituable: bajo costo de producción (agua de red o de pozo sin tratar) y venta a precio de agua purificada. Los márgenes eran altos porque evitaban todos los costos de habilitaciones, análisis químicos y impuestos.

Las autoridades continúan investigando la cadena de distribución para determinar en qué comercios se vendía el producto ilegal. Mientras tanto, recomendaron a los vecinos verificar siempre las etiquetas, números de lote y registros en el envase antes de comprar agua en bidón.

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de la economía informal en rubros sensibles como la alimentación y la salud. En un contexto donde la inflación empuja a buscar precios más bajos, muchos terminan exponiéndose a productos que no cumplen ningún estándar de calidad.

Las causas están en manos de la Justicia, que imputó a los detenidos por infracción a la ley de bromatología, contaminación ambiental y asociación ilícita. Los operativos fueron coordinados entre Policía Bonaerense, ANMAT y autoridades municipales de Ezeiza.