Presos denunciaron que La Comitiva vació el gimnasio del penal para comprar impunidad
Internos de una cárcel argentina presentaron una denuncia judicial en la que afirman que el grupo conocido como La Comitiva desmanteló el gimnasio y lo entregó a funcionarios para presuntamente continuar con el narcotráfico intramuros y otras irregularidades.
Un grupo de internos de un penal argentino presentó una denuncia judicial en la que acusan al sector conocido como “La Comitiva” de haber vaciado el gimnasio del establecimiento y haber entregado los elementos a funcionarios del penal. Según la presentación, el objetivo sería obtener impunidad para continuar con presuntas actividades de narcotráfico intramuros y otras irregularidades ya denunciadas con anterioridad.
En el escrito judicial, los denunciantes sostienen que el desmantelamiento del gimnasio no fue un hecho aislado, sino parte de un acuerdo tácito entre ese grupo de presos y parte del personal penitenciario. De esta manera, afirman, se les permitiría mantener el control de ciertos espacios y actividades dentro del penal a cambio de favores o silencios sobre otras irregularidades.
El gimnasio, que era utilizado por la población carcelaria para actividades deportivas y de recreación, quedó completamente desprovisto de aparatos y elementos básicos. Los presos que elevaron la denuncia indican que esto afecta directamente las condiciones de detención y el derecho a la rehabilitación y el deporte.
Las acusaciones incluyen el supuesto tráfico de estupefacientes dentro de la cárcel, un problema recurrente en varios penales del país que genera preocupación tanto en las autoridades como en las organizaciones de derechos humanos. Los denunciantes aseguran que ya habían alertado sobre estas irregularidades en presentaciones anteriores, sin que se registraran avances significativos.
Desde el Servicio Penitenciario no se han emitido declaraciones oficiales sobre esta nueva denuncia. En casos similares ocurridos en el pasado, las autoridades suelen abrir investigaciones internas para determinar responsabilidades.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de los penales argentinos, donde el hacinamiento, la falta de controles y las denuncias de corrupción interna son temas recurrentes. Organizaciones como el CELS y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura vienen advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de mayor transparencia y control en estos establecimientos.
Los denunciantes pidieron medidas cautelares para proteger su integridad física ante posibles represalias por haber elevado la denuncia. La Justicia deberá ahora determinar si abre una investigación formal y si toma las medidas necesarias para verificar las acusaciones.
En números, las cárceles federales y provinciales del país registran un alto porcentaje de sobrepoblación, lo que complica aún más la convivencia y el control de las actividades internas. Este nuevo episodio se suma a una larga lista de denuncias que, según los familiares de los internos, rara vez terminan en sanciones concretas.