Comercio exterior, economía y defensa: el desafío del orden efectivo

El crecimiento económico y el desarrollo constituyen objetivos estratégicos para cualquier nación. Pero en la Argentina, con su historia de restricciones externas recurrentes, pensar la defensa y la protección de la soberanía sin considerar sus consecuencias económicas puede ser un error costoso.

Desde el punto de vista del comerciante que tiene que importar insumos o exportar productos, la soberanía no es solo defender el territorio con barcos y aviones. Es también tener la capacidad de aprovechar los recursos, producir más y vender al mundo generando las divisas que después permiten importar y seguir invirtiendo. Si no hay estrategia que una ambas cosas, se termina gastando recursos sin que el bolsillo del país lo note en forma de más exportaciones o menos vulnerabilidad externa.

La explotación de hidrocarburos en Malvinas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger derechos soberanos, pero también obliga a pensar cómo convertir esos recursos en desarrollo concreto. Generar dólares a través del comercio exterior no es un tema secundario: es lo que permite pagar las importaciones necesarias para producir y sostener la inversión. Defender intereses nacionales y promover el desarrollo no son objetivos que se pisan; requieren una estrategia integrada.

El reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abre una ventana para diversificar exportaciones. Sin embargo, abrir mercados no garantiza nada si no se tienen las condiciones para aprovecharlos. Asimetrías en infraestructura, conectividad, frecuencias de transporte y capacidades institucionales pueden comerse las ventajas competitivas. No hace falta tener sistemas logísticos idénticos a los europeos, pero sí compatibles y eficientes.

En ese sentido, los puertos y las vías navegables son piezas clave. Su operación requiere no solo inversión en muelles y dragado, sino también seguridad de la navegación, procedimientos claros y coordinación entre organismos del Estado. La competitividad se juega tanto en los aranceles como en la reducción de costos de transacción y riesgos.

Acá es donde la Prefectura Naval Argentina juega un rol económico que suele quedar invisible en los análisis macro. Como autoridad marítima, se encarga de la seguridad de la navegación, la protección marítima, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de compromisos internacionales. Esas funciones forman parte de la infraestructura institucional que hace posible el comercio. Cuando hay previsibilidad y estándares internacionales respetados, bajan los costos de seguros, se reducen riesgos y las operaciones marítimas, fluviales y portuarias fluyen mejor.

Traducido al lenguaje del comerciante: una Prefectura que funciona bien es como tener un proveedor confiable que evita que la mercadería se pierda, se demore o termine con costos extras por problemas logísticos. Su valor no aparece en la balanza comercial, pero está en las condiciones que crea para que esa balanza pueda crecer.

La Armada y la Prefectura tienen misiones distintas pero complementarias. La protección de los recursos pesqueros, por ejemplo, es más un tema de aplicación de la ley y vigilancia que de amenaza militar. Por eso, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional genera interrogantes sobre posibles superposiciones entre ambas fuerzas. Una delimitación poco clara de responsabilidades podría generar duplicación de recursos, mayores costos de coordinación e incertidumbre que termine afectando las operaciones marítimas y el comercio exterior.

No se trata de un daño económico ya comprobado, sino de un riesgo que hay que considerar. El orden efectivo no pasa por concentrar todo en una sola mano, sino por articular capacidades especializadas según los objetivos nacionales reales.

En números, la Argentina necesita dólares como el aire. Cada vez que se frena la actividad por problemas logísticos, falta de seguridad o incertidumbre regulatoria, se siente en la caja de las empresas exportadoras y en la capacidad del país para importar insumos. Una estrategia que no integre defensa, economía y comercio exterior termina siendo más cara de lo que parece.

La soberanía se expresa tanto en la capacidad de defender lo que se tiene como en la de transformarlo en oportunidades reales de desarrollo a largo plazo. Pensar la organización de las fuerzas de defensa y protección sin mirar las consecuencias económicas es, como advertía Keynes hace más de cien años, un riesgo que compromete la estabilidad futura.

Para el lector común y para el comerciante de Once que tiene que pagar proveedores en dólares, esto se traduce en algo concreto: si no se articulan bien estos temas, vamos a seguir teniendo restricciones externas que terminan remarcando precios en el mostrador o frenando la inversión que genera empleo. El desafío está en construir un orden efectivo que una defensa soberana con crecimiento real.