La Justicia ordenó a Rojas informar cuánto recauda del campo y cómo usa los fondos
Un juez intimó al municipio bonaerense a detallar el monto que percibe por tasas de la red vial rural, cómo se calculan y cuánto se destina al mantenimiento de los caminos. El reclamo fue impulsado por la Sociedad Rural de Rojas, Federación Agraria y Coninagro.
Un fallo judicial ordenó al municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, que informe de manera detallada cuánto recauda a través de las tasas vinculadas a la red vial rural y de qué manera utiliza esos recursos.
La medida fue dispuesta por un juez tras un reclamo presentado por la Sociedad Rural local, la Federación Agraria Argentina y Coninagro. Las entidades agropecuarias exigían mayor transparencia sobre el cálculo de las tasas que pagan los productores y el destino concreto de los fondos recaudados, principalmente para el mantenimiento de los caminos rurales.
Según el expediente, las organizaciones del campo argumentaron que los montos percibidos por el municipio no se condicen con el estado de los caminos ni con las obras de mejora realizadas en los últimos años. Por eso pidieron que se detalle el mecanismo de cálculo de las tasas y el porcentaje que efectivamente se destina a infraestructura vial rural.
El juez hizo lugar al planteo y emitió un fallo contundente en el que intima a las autoridades municipales a brindar esa información de forma clara y documentada. La resolución busca establecer si existe una correlación entre lo recaudado y lo invertido en los caminos que utilizan a diario los productores para sacar su cosecha. El caso se enmarca en un reclamo más amplio del sector agropecuario en distintos municipios bonaerenses, donde los productores cuestionan el incremento de las tasas viales sin que se observe una mejora proporcional en la calidad de los caminos rurales.
Desde la Sociedad Rural de Rojas destacaron que el fallo representa un avance en materia de transparencia y control del uso de los recursos que aporta el campo. Las entidades ruralistas sostienen que los productores ya afrontan altos costos de producción y que es razonable exigir que los impuestos que pagan se traduzcan en servicios concretos.
La causa continúa su trámite y se espera que en las próximas semanas el municipio cumpla con la intimación judicial. De no hacerlo, podría enfrentar medidas compulsivas.
Según informó La Nación, el fallo marca un precedente para otros distritos donde existen reclamos similares.