Cámara Federal confirma suspensión de la Justicia Laboral local en CABA
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que frena la implementación de la Ley 6789, que buscaba crear un fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la suspensión cautelar de la Ley 6789 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitaba la creación de un fuero laboral local.
La decisión mantiene en suspenso la transferencia de la Justicia Laboral de la órbita nacional a la porteña, un cambio que había sido impulsado durante la gestión anterior y que generó fuerte rechazo de distintos sectores.
Según los fundamentos del fallo, se considera que la medida es necesaria para evitar un perjuicio irreparable mientras se resuelve el fondo de la cuestión. La Cámara validó así la resolución de primera instancia que había frenado la implementación de la norma.
Para ubicarse: la Justicia Laboral en la Argentina depende históricamente del Poder Judicial de la Nación. La Ley 6789, sancionada por la Legislatura porteña, buscaba crear juzgados y cámaras laborales locales para resolver los conflictos entre empleadores y trabajadores en CABA.
Los argumentos centrales de la cautelar apuntan a posibles vicios en el proceso de transferencia y a la falta de garantías de independencia judicial en el ámbito local. Los magistrados entendieron que permitir la implementación mientras se discute la constitucionalidad podría generar una situación de incertidumbre para miles de litigantes.
Lo que se sabe hasta ahora es que la medida cautelar se mantiene vigente y que el expediente continuará su trámite ordinario para resolver si la ley es o no constitucional.
Desde el Gobierno de la Ciudad, aún no hubo una respuesta oficial al fallo. En tanto, desde los gremios y colegios de abogados laboralistas celebraron la decisión, al considerar que la transferencia podría haber afectado derechos adquiridos de los trabajadores.
El fuero laboral nacional tiene décadas de trayectoria y sus jueces son seleccionados a través de concursos del Consejo de la Magistratura de la Nación. Pasar esa competencia a la Ciudad implicaría crear nuevos mecanismos de designación y financiamiento.
Este conflicto forma parte de una discusión más amplia sobre la autonomía porteña y los límites de la transferencia de competencias nacionales. Similar a lo ocurrido con otras áreas como la seguridad o la salud, la Justicia Laboral genera posiciones encontradas entre quienes defienden la cercanía del servicio y quienes temen una merma en las garantías procesales.
Cancillería no tiene injerencia en este tema, pero el fallo sí impacta directamente en miles de porteños que todos los años inician demandas por despidos, accidentes de trabajo o incumplimientos salariales.
Se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre el tratamiento del expediente en el fuero federal. Mientras tanto, los casos laborales de la Ciudad seguirán tramitándose en los juzgados nacionales con asiento en Comodoro Py y en los tribunales de la Avenida de Mayo.