La Justicia ordenó al Gobierno reparar de manera urgente las rutas 7, 8 y 33
Un juez federal de Santa Fe dictaminó que el Estado Nacional debe realizar obras inmediatas en las rutas nacionales 7, 8 y 33 ante su grave deterioro. La medida se produce tras el cambio de concesionarias y remarca que el Gobierno no puede desligarse de su responsabilidad.
El juez federal de Santa Fe, Sebastián S. Gallino, ordenó al Gobierno nacional que inicie de manera urgente las tareas de reparación en tres rutas nacionales que atraviesan la provincia.
La medida alcanza a la ruta 7, la ruta 8 y la ruta 33, cuyos tramos presentan un “grave estado de deterioro” según la resolución judicial. El magistrado resaltó que el Estado Nacional no puede eximirse de su obligación por el reciente cambio de concesionarias.
La decisión se produjo a raíz de una acción de amparo presentada por legisladores y entidades locales que alertaron sobre los riesgos para la seguridad vial. Fuentes judiciales indicaron que el fallo establece plazos concretos para el inicio de las obras y la presentación de un plan de reparaciones.
El juez Gallino sostuvo en la resolución que “el mantenimiento de la infraestructura vial es una obligación indelegable del Estado Nacional”. Según el texto, las tres rutas registran problemas como baches profundos, falta de señalización horizontal y vertical, y deterioro de banquinas que generan un alto riesgo para los usuarios.
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que se acatará el fallo y que ya se estaba trabajando en un relevamiento de las rutas nacionales. “El cambio de concesionarias no implica la cesión de la responsabilidad estatal”, admitió un funcionario en diálogo con la prensa.
La ruta 7 une Buenos Aires con Mendoza y es uno de los corredores más transitados del país. En el tramo santafesino, los reclamos por su estado se vienen sucediendo desde hace más de dos años. La ruta 8, que conecta Buenos Aires con el norte del país, y la ruta 33, que atraviesa el centro-oeste de Santa Fe, presentan situaciones similares.
El fallo también ordena al Gobierno nacional informar en un plazo de 10 días hábiles sobre las medidas concretas que se adoptarán. La Justicia fijó multas diarias en caso de incumplimiento.
Legisladores provinciales de distintos bloques celebraron la resolución pero advirtieron que el problema de las rutas nacionales excede un distrito. “Es un problema estructural que se repite en varias provincias”, indicaron.
El Estado Nacional deberá ahora definir si licita nuevas obras o si encarga las tareas a Vialidad Nacional de manera directa. Fuentes del sector indicaron que el presupuesto para mantenimiento vial ya había sido reforzado en la ley de presupuesto de este año, aunque los plazos de ejecución se habían demorado por el proceso de cambio de concesiones.
Resta definir los montos exactos que se destinarán a estas intervenciones y el cronograma preciso de obras. El Ministerio de Obras Públicas anticipó que presentará el plan requerido dentro del plazo judicial para evitar cualquier tipo de sanción.
La resolución judicial se enmarca en una serie de reclamos similares que se vienen registrando en distintas provincias por el estado de la red vial nacional.
