Los diputados de Llaryora se despegaron del acuerdo por Discapacidad: la letra chica

Los seis diputados nacionales de Córdoba que responden políticamente al gobernador Martín Llaryora votaron en contra del proyecto de ley de Discapacidad que consiguió media sanción en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 21 de octubre de 2026.

A diferencia de la mayoría de los bloques dialoguistas que terminaron acompañando el acuerdo alcanzado en las últimas horas, los cordobeses sostuvieron hasta el final su posición original: prorrogar la emergencia en materia de discapacidad que rige desde hace varios años.

El proyecto, que ahora pasa al Senado, busca reemplazar el sistema actual de prestaciones por uno nuevo con un esquema de asignaciones y prestaciones básicas. Incluye también la creación de un organismo descentralizado que funcionaría como autoridad de aplicación.

La posición de los diputados de Llaryora

Los legisladores que integran el bloque Hacemos por Córdoba argumentaron que el texto final contenía “letra chica” que podía complicar la ejecución de políticas en las provincias y, especialmente, en Córdoba. Según fuentes cercanas al gobernador, consideraron que la prórroga de la emergencia permitía mantener herramientas ágiles para atender las demandas sin caer en una burocracia mayor.

La decisión marca un nuevo punto de diferencia entre el oficialismo cordobés y los bloques que responden a la Nación en temas de agenda legislativa. Aunque Llaryora mantiene un vínculo fluido con el gobierno nacional, en esta votación sus diputados eligieron marcar posición.

Qué dice la ley que obtuvo media sanción

El proyecto aprobado contempla la creación de un sistema integrado de prestaciones básicas y asignaciones en dinero para las personas con discapacidad. Además, establece un nuevo organismo que centralizaría las políticas en la materia, lo que generó resistencias en varios gobernadores que temen perder margen de acción local.

En números, hoy en Argentina hay más de 2,5 millones de personas con algún tipo de certificado de discapacidad. El costo fiscal del sistema actual supera los 700 mil millones de pesos anuales, según estimaciones oficiales.

El debate en el recinto

Durante la sesión, varios diputados de bloques provinciales advirtieron sobre posibles solapamientos entre el nuevo organismo nacional y las estructuras que ya funcionan en las provincias. Los cordobeses, en línea con esa mirada, prefirieron no acompañar el texto y votaron en contra junto a un puñado de legisladores de otras fuerzas.

Desde el entorno del gobernador Martín Llaryora indicaron que la prioridad sigue siendo garantizar la atención a las personas con discapacidad sin generar un marco normativo que luego sea difícil de implementar en el territorio.

Qué puede pasar en el Senado

El proyecto ya cuenta con media sanción y ahora deberá ser tratado en la Cámara alta. Allí, los senadores cordobeses también alineados con Llaryora tendrán que definir su posición. Por ahora, no hay señales de que vayan a modificar la postura que mantuvieron sus pares en Diputados.

Para las familias y organizaciones de personas con discapacidad, el resultado de esta negociación legislativa definirá cómo se accede a prestaciones, certificados y apoyos en los próximos años.

En un contexto de fuerte ajuste fiscal, la letra chica de la ley puede terminar definiendo si realmente se amplían derechos o si solo se cambia el formato de un sistema que ya muestra serias dificultades de financiamiento.