Sociedad

La Corte Suprema le dio la causa de la mansión de Pilar a Rafecas y la sacó de Campana

Por unanimidad, el máximo tribunal resolvió que el juez federal Daniel Rafecas quede a cargo de la investigación por presunto lavado de activos vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La decisión pone fin a meses de disputa de competencia.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que el juez federal Daniel Rafecas quede a cargo de la causa por la mansión de Pilar vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. De esta manera, dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al planteo del fiscal general Mario Villar, quien cuestionó el traslado del expediente. Para la Corte, la investigación no se limita a la compra de un inmueble, sino que apunta a una presunta maniobra de lavado de activos que involucraría sociedades, operaciones patrimoniales y circuitos financieros internacionales.

Esta decisión pone fin a una larga disputa de competencia que demoró durante meses el avance de la pesquisa. El expediente volverá ahora al juzgado de Rafecas, que había ordenado los primeros allanamientos en la propiedad de Villa Rosa, donde se secuestraron 54 vehículos de lujo y colección.

Por qué la Corte eligió a Rafecas

El máximo tribunal consideró que Pilar no era el centro de dirección de las operaciones investigadas. Según el fallo, la ubicación de la mansión no alcanza para definir la competencia cuando la hipótesis fiscal describe una red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fondos fuera del circuito bancario argentino.

Los jueces destacaron los vínculos de la causa con la Ciudad de Buenos Aires. La sociedad Real Central SRL, usada para adquirir la propiedad, tenía sede en Capital Federal. También señalaron que la AFA tiene su domicilio institucional en Viamonte 1366/76 y que otras sociedades involucradas registraban domicilios en la Ciudad. El contrato de compraventa se habría firmado en Buenos Aires, y las decisiones societarias y movimientos financieros exceden la mera adquisición de la quinta.

En ese marco, la Corte entendió que la Cámara de Casación afectó "de modo severo e inequívoco" la garantía del juez natural. Cuestionó además que los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña no hubieran analizado los argumentos del fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar votó en disidencia.

Qué se investiga sobre la mansión vinculada a Toviggino

La causa se inició con una denuncia contra Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL. Los investigadores sospechan que actuaron como testaferros, ya que no contaban con capacidad económica para justificar la compra de un terreno de 105.000 metros cuadrados con helipuerto, cancha de paddle y otras instalaciones.

Durante los allanamientos se encontraron 54 autos de alta gama y colección. Una pericia judicial valuó la casa en USD 16.954.000 y los vehículos en USD 3.861.100. Entre los elementos que vinculan la propiedad con Toviggino aparecieron un bolso de la AFA, una plaqueta de Barracas Central con su nombre, cédulas azules de vehículos a nombre de sus familiares y registros de pagos de Telepase con una tarjeta de crédito de la AFA a nombre de Pantano, que registraba gastos por unos $50 millones mensuales.

El juez del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky planteó la hipótesis de que la propiedad pudo haberse adquirido con fondos de la AFA mediante una presunta defraudación. Estos indicios no implican una condena ni acreditan responsabilidad penal de Toviggino, Pantano o Conte. La investigación debe determinar quién financió la compra, el recorrido del dinero y si hubo lavado de activos.

La disputa judicial que demoró la investigación

El expediente tuvo un largo recorrido. Rafecas se declaró incompetente inicialmente y lo remitió al fuero Penal Económico. Luego, ante un planteo de las defensas, el juzgado de Campana reclamó la causa argumentando que la propiedad está en su jurisdicción, criterio que respaldó la Cámara de San Martín.

La Cámara Federal de Casación Penal intervino en varias oportunidades. Primero dispuso que resolviera el fuero Penal Económico, pero finalmente la Sala I declaró competente al juzgado de Campana. El fiscal general Mario Villar cuestionó esa resolución ante la Corte Suprema, con el respaldo del procurador interino Eduardo Casal. Ahora, los tres integrantes del máximo tribunal revirtieron esa decisión.

Qué puede pasar ahora con la causa

La investigación retornará a Rafecas, aunque su permanencia podría ser corta: el presidente Javier Milei envió su pliego al Senado para que ocupe un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal. Si se aprueba, un magistrado subrogante tomará el expediente.

Los pasos pendientes incluyen determinar quién aportó el dinero para la mansión y los vehículos, reconstruir el flujo de fondos, identificar todas las sociedades y personas involucradas y establecer si hubo transferencias fuera del sistema bancario argentino. También se buscará aclarar si el origen del dinero está en recursos de la AFA o si existieron maniobras de administración fraudulenta.

Además, se deberá confirmar si Pantano y Conte actuaron como testaferros y quiénes serían los verdaderos titulares. La Corte subrayó que la presunta red internacional de intermediarios entre 2021 y 2025 justifica que el caso quede en la Justicia Federal porteña.

El fallo solo resuelve la cuestión de competencia. La causa debe retomar ahora las medidas pendientes para determinar el origen del patrimonio y su posible conexión con la conducción de la AFA.

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