25 años de vaivenes tributarios: la inestabilidad fiscal que desalienta las inversiones en Argentina

En los últimos 25 años, Argentina acumuló una larga lista de cambios tributarios que generaron inestabilidad fiscal. Esta falta de reglas claras y permanentes se convirtió en uno de los principales frenos a las inversiones de mediano y largo plazo, tanto locales como extranjeras.

La inestabilidad es sinónimo de inseguridad, ausencia de certezas y riesgo. Solo los capitales financieros de corto plazo logran moverse en estos contextos, buscando rendimientos altos por entrar y salir rápido. Para el resto, el mensaje es claro: mejor quedarse afuera o invertir en otro lado.

¿Qué significa esto para tu bolsillo y para las empresas? Cada cambio altera costos, márgenes y decisiones de inversión. Un inversor que piensa en poner plata en una fábrica o en un proyecto de software no sabe si las reglas van a durar dos años o si mañana le suben las alícuotas.

Un ejemplo claro es la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, sancionada a fines de 2019. Prometía estabilidad fiscal, pero en 2020 ya tuvo modificaciones que demoraron casi un año en reglamentarse. Su beneficio clave era dar previsibilidad, algo que nunca se cumplió del todo.

En los últimos diez años hubo cuatro reformas tributarias, que fueron y vinieron según el color político. Bienes Personales pasó de la intención de eliminarlo en 2019 a reducirlo en cinco años. Durante la pandemia se sumó un aporte solidario sobre los grandes patrimonios. Después llegaron alícuotas progresivas, mayores impuestos a bienes en el exterior y, con el gobierno actual, un pago a cuenta de cinco ejercicios, reducción y unificación de alícuotas.

El blanqueo de 2016 prometía bajar Bienes Personales para incentivar adhesiones. El gobierno siguiente cambió las reglas: subió tasas, gravó más los bienes en el exterior y dio beneficios solo por repatriación. Promesas que duraron poco.

En Ganancias, la tasa para empresas iba a bajar durante 2015-2019, pero no ocurrió. Luego se pasaron a tasas progresivas del 25% al 35%. La retención de Ganancias en sueldos iba a desaparecer a fines de 2013, pero seis meses después del cambio de gobierno revivió con exenciones más bajas. Para los trabajadores, las condiciones cambiaron de un día para el otro.

Los pactos fiscales de 2017 que prometían reducir impuestos provinciales nunca se cumplieron. Las provincias, siempre necesitadas de recaudación, fueron en sentido contrario. El impuesto al cheque, que en 2020 iba a computarse íntegramente como pago a cuenta de Ganancias, quedó limitado solo para micro, pequeñas empresas y parcialmente para medianas.

El retiro de utilidades de las empresas tuvo cuatro cambios en pocos años. Las contribuciones patronales también oscilaron entre un sentido y el otro. Y la inflación, el problema estructural, sigue sin reconocerse plenamente al momento de liquidar impuestos.

En los balances, se usaron distintos índices de actualización. Algunos mínimos impositivos siguen congelados en valores de los años 90. Las leyes de la Convertibilidad (23.928 y 24.073) impiden actualizar mínimos y créditos. Se pasó del índice mayorista al IPC, pero muchos valores siguen desactualizados. Un proyecto de Unidad de Valor Tributaria (UTV) duerme en el Congreso.

La AFIP podría actualizar por resolución mínimos no sujetos a retención y escalas de retenciones previsionales. No lo hizo desde 2019, a pesar de cuatro dígitos de inflación acumulada.

El ajuste por inflación en Ganancias rige para ejercicios iniciados desde 2018, pero solo si se cumplen ciertos umbrales de IPC. Además, solo se pueden actualizar bienes incorporados al patrimonio a partir del 1 de enero de 2018. Para los anteriores, hubo una opción de revalúo oneroso por única vez, que implicaba pagar un impuesto para poder actualizar.

La Ley de Economía del Conocimiento (27.506) empezó a regir en 2020 con idas y vueltas. La anterior ley de software terminó en 2019 y la nueva tuvo modificaciones legislativas inmediatas. Ofrece bono de crédito fiscal, reducción de Ganancias y exención de retenciones de IVA, pero la estabilidad fiscal prometida nunca fue tal. Su vigencia actual llega hasta 2029.

Los dividendos también fueron un vaivén: gravados al 10% en 2013, exceptuados en 2016 por el blanqueo, vueltos a gravar al 7% y 13% en 2018, y finalmente quedaron al 7%.

Las contribuciones patronales tuvieron idas y vueltas: se frenó la baja gradual, se volvió a diferenciar por actividad y tamaño de empresa. Hoy rige 20,4% para comercio y servicios por encima de ciertos niveles de facturación, y 18% para el resto y las Pymes.

La AFIP persigue facturas apócrifas para combatir evasión en IVA y Ganancias. Sin embargo, muchos casos se basan en fallas formales de comprobantes o proveedores con incumplimientos, no necesariamente en operaciones ficticias. Esto genera incertidumbre adicional para contribuyentes que reciben documentación válida en apariencia.

En números, la Argentina lleva 25 años mostrando que la estabilidad fiscal es una promesa difícil de cumplir. Sin reglas claras y con inflación que no se ajusta plenamente, el inversor prefiere destinos con mayor previsibilidad.

Traducido: si sos una empresa que quiere expandirse o un inversor que evalúa poner capital a largo plazo, cada cambio de gobierno puede significar un cambio de reglas que afecta tus costos, tus utilidades y tu decisión final. Por eso la inestabilidad tributaria no es solo un tema técnico: es un freno concreto al crecimiento y a la generación de empleo.

Si el próximo gobierno quiere atraer inversiones genuinas, la primera señal debe ser dar estabilidad fiscal real y resolver de una vez el reconocimiento pleno de la inflación en los impuestos. Mientras tanto, el mensaje para el que tiene que decidir dónde poner la plata sigue siendo el mismo de siempre: cautela.