150.000 inmigrantes en limbo en Florida tras el fin del TPS y con temor a deportaciones
Familias del sur del estado reducen sus salidas, pierden empleos y viven con miedo a redadas del ICE, mientras enfrentan el retorno a países golpeados por la violencia.
Unos 150.000 inmigrantes en Florida quedaron en una situación de limbo legal tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) sin que se haya renovado el programa ni existan vías claras de regularización.
Para ubicarse, Florida es el estado del sureste de Estados Unidos donde se concentra una de las mayores comunidades de origen centroamericano y haitiano. Muchas de estas familias viven en el sur del estado, cerca de Miami y zonas agrícolas, donde trabajan en servicios, construcción y cosechas.
Lo que se sabe hasta ahora es que el fin del TPS generó un temor generalizado a las redadas del ICE (la agencia de inmigración y control de aduanas). Según reportes de organizaciones comunitarias, muchas personas redujeron drásticamente sus salidas de casa, evitan ir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio por miedo a ser detenidos.
Este pánico ya tiene impacto económico concreto: familias enteras están perdiendo empleos y fuentes de ingresos en un estado donde el aporte de la mano de obra inmigrante es clave en varios sectores.
El TPS había protegido durante años a ciudadanos de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y Venezuela que no podían regresar por situaciones de violencia, desastres naturales o inestabilidad. Su final abrupto deja a decenas de miles sin documentación válida y con el riesgo latente de deportación.
Cancillería argentina no emitió comunicados específicos sobre connacionales afectados, ya que la mayoría de los beneficiarios del programa son de origen centroamericano. Sin embargo, el caso ilustra una tendencia que se sigue con atención desde varios países de la región.
Para las familias involucradas, el dilema es diario: salir a ganarse el pan o quedarse en casa para evitar un encuentro con agentes del ICE. Organizaciones locales reportan un aumento en consultas sobre opciones legales, pero las vías son escasas y los tiempos, largos.
Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre posibles extensiones temporales o programas alternativos, aunque por el momento el panorama sigue siendo de incertidumbre y temor.
El impacto no se limita a lo laboral. Hay preocupación por la salud mental de los niños y adolescentes que ven a sus padres paralizados por el miedo, y también por el posible aumento de la vulnerabilidad ante abusos laborales en un contexto de menor denuncia.